Diversos colectivos ecologistas
estatales, como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF lamentan las exiguas partidas presupuestarias contempladas
en los PGE para el medio ambiente. Además, alertan que ante los enormes
desafíos existentes, caso del cambio climático y la desaparición de la
biodiversidad, las partidas marginales destinadas en los presupuestos serán
inservibles.
Estos colectivos señalan el peso
residual de las partidas relacionadas con la preservación ambiental previstas
por el gobierno central y que sufren un recorte medio del 21%, pasando de 2.258
millones de euros en 2011 a 1.789 millones este año, cuando el recorte medio del
gasto de los ministerios es del 16,9%. Lo que refleja la tendencia bajista
experimentada en los PGE desde el año 2008, inicio de la crisis económica.
A juicio de estos colectivos
medioambientales, la marginación de la actuación ambiental por parte del estado
entra en grave colisión con los desafíos a los que el país debe enfrentarse,
caso del cambio climático, la pérdida acelerada de la biodiversidad, la
degradación de ecosistemas, la contaminación de agua, aire y suelo, y el
agotamiento de los recursos naturales.
Muestran su disconformidad con la
actitud pasiva y desinteresada de la administración central y reclaman una
mejora sustancial en los PGE durante el trámite parlamentario. Sea como fuere,
estos colectivos exigen al ejecutivo central llevar a cabo inversiones
beneficiosas para el medio ambiente.
La prevención de la contaminación
y el cambio climático es la partida que más recorte soporta en el Proyecto,
pasando de 101 millones de euros en 2011 a 53 millones en 2012. Un recorte del
48% cuando en España, aseguran estas asociaciones, los impactos del
calentamiento global ya son evidentes e irán incrementándose provocando graves
pérdidas económicas a sectores como el turismo o la agricultura.
La protección y mejora del medio
natural, que incluye la partida de Parques Nacionales, pasa de 225 millones de
euros en 2011 a 190 millones en 2012, una reducción del 16%. Supone tan sólo un
0,3% del gasto de los ministerios. Estas cifras son ridículas para frenar la
acelerada desaparición de biodiversidad, reflejada en la pérdida tanto de
especies como de interacciones ecológicas, bienes, procesos y servicios
ambientales esenciales para mantener las condiciones de existencia del ser
humano en el Planeta. España tiene compromisos europeos e internacionales en el
marco del Convenio de la Diversidad Biológica con objetivos que cumplir para
2020 y no se puede permitir retrasar una acción contundente de protección de la
biodiversidad.
Tampoco se entiende un recorte
del 38% a la protección y mejora del medio ambiente, de la que depende asuntos
tan importantes como la calidad del aire o la gestión de los residuos. España
contabiliza unas 16.000 muertes prematuras al año por contaminación
atmosférica, por lo que apostar por una mejor calidad del aire repercute en un
evidente ahorro en el gasto sanitario del país.
Por su parte, la calidad del agua
pierde un 25% de su asignación presupuestaria frente a 2011, aunque el propio
Ministerio reconozca los incumplimientos de la normativa europea en esta
materia. En cambio, el gasto en gestión e infraestructuras del agua, la partida
de lejos más importante del capitulo ambiental, se recorta solamente en un 12%,
haciendo temer que no desaparecerán las inversiones las obras hidráulicas
innecesarias y altamente impactantes.
En desarrollo rural, los recursos
económicos para medidas del Fondo Español de Garantía Agraria no varían. En
cambio la dotación del programa de desarrollo rural sostenible pasa de 200
millones a 28 millones, aunque sea un aspecto esencial para mantener un medio
rural vivo por permitir la participación de muy diversos agentes.
Con estas cifras, las
organizaciones ecologistas de ámbito estatal no pueden dejar de establecer
alguna comparación. Las grandes inversiones muy negativas para el entorno, en
particular en materia energética, de transporte y de defensa, no desaparecen.
Así se anuncia por ejemplo unas inversiones en infraestructuras de 11.368
millones de euros. Las partidas de lucha contra el cambio climático o de
protección de la biodiversidad, dos de los mayores impactos ambientales de
estas infraestructuras, son insignificantes a su lado.
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